Defensores de derechos advierten que los tribunales de California están probando tecnologías cuya eficacia no ha sido demostrada en residentes vulnerables
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Defensores de derechos advierten que los tribunales de California están probando tecnologías cuya eficacia no ha sido demostrada en residentes vulnerables
Los comentarios advierten sobre el uso de recursos públicos para financiar traducciones con inteligencia artificial (IA) propensas a errores.
19 de agosto de 2026 – San Francisco, CA – Por segunda vez en lo que va del mes, defensores de derechos y líderes comunitarios instan al Consejo Judicial de California a suspender el uso de la traducción automática en los tribunales del estado y a implementar plenamente las medidas de acceso lingüístico exigidas. Advierten que la falta de una supervisión adecuada del uso de tecnologías automatizadas en los tribunales pone en riesgo la vivienda, la seguridad y los medios de subsistencia de la población de les residentes de California.
En comentarios públicos presentados ante el Comité Asesor sobre Acceso y Equidad del Consejo Judicial de California (Advisory Committee on Providing Access and Fairness), treinta y cinco (35) organizaciones, encabezadas por California Rural Legal Assistance, Inc. (CRLA, por sus siglas en inglés), Legal Aid Foundation of Los Angeles (LAFLA, por sus siglas en inglés) y Mixteco Indígena Community Organizing Project (MICOP, por sus siglas en inglés), explican cómo el incumplimiento generalizado de los estándares de acceso lingüístico por parte de los tribunales impide que les residentes de California accedan a procedimientos judiciales cruciales que afectan su vivienda, su seguridad y sus medios de subsistencia.
Los comentarios por escrito presentados el 3 y el 19 de agosto constituyeron la primera ocasión en que les defensores de derechos dieron a conocer públicamente sus hallazgos basados en datos de los tribunales estatales obtenidos mediante solicitudes presentadas conforme a la Ley de Registros Públicos de California. Dichos datos revelaron errores graves generados por CA Court Translator, una aplicación de traducción automática de voz a texto (VTT, por sus siglas en inglés).
«Los recursos públicos no deberían utilizarse para probar tecnologías experimentales en personas cuyo acceso a la justicia ya es limitado», afirmó Norma Ventura, directora del Programa de Justicia Indígena de CRLA. «Instamos al Consejo a investigar cómo fue posible que los tribunales utilizaran esta tecnología propensa a errores durante seis (6) años con tan poca supervisión y cómo evitar que esto vuelva a suceder antes de que se firme cualquier contrato nuevo con proveedores externos que ofrecen servicios automatizados de interpretación o traducción».
Al menos treinta y dos (32) tribunales de los condados, en distintos momentos entre aproximadamente 2020 y 2026, utilizaron VTT para prestar servicios fuera de las salas de audiencia, en mostradores de atención, ventanillas de las secretarías judiciales y centros de autoayuda. La aplicación de traducción automática generaba de forma sistemática mensajes sin sentido, como: «Pique a le juez para bajarle la fiebre» y la traducción de «DUI» (conducir bajo la influencia del alcohol o las drogas) como «IUD» (dispositivo intrauterino). Errores como estos generan confusión y hacen que las personas pierdan fechas de comparecencia y plazos procesales, desaprovechen oportunidades para reducir multas o evitar la imposición de puntos en sus licencias de conducir y tomen decisiones sobre sus casos sin contar con información adecuada.
En su comentario por escrito, les defensores de derechos solicitan específicamente una revisión exhaustiva y una evaluación formal de la eficacia y el impacto del Plan Estratégico de Acceso Lingüístico en los Tribunales de California, adoptado por el Consejo Judicial en 2015, así como de la legislación, las políticas, las reglas y las asignaciones presupuestarias que lo acompañaron o se establecieron posteriormente.
«Nuestro análisis reveló relatos de primera mano ausentes en los informes de progreso del Consejo Judicial», afirmó Joann H. Lee, asesora especial sobre justicia lingüística de LAFLA. «No se trata de incidentes aislados, sino de patrones: barreras sistémicas arraigadas en todos los niveles del funcionamiento de los tribunales, dentro y fuera de las salas de audiencia, desde les funcionaries judiciales y el personal de secretaría hasta les facilitadores de derecho de familia y el personal de los centros de autoayuda, que impiden que muches usuaries de los tribunales accedan a la justicia».
«El Plan Estratégico de Acceso Lingüístico de 2015 del Consejo Judicial fue un paso importante, pero su promesa sigue sin hacerse realidad», añadió Vanessa Terán, directora de políticas públicas de MICOP. «Es necesario hacer más para garantizar que todas las personas, sin importar el idioma que hablen, puedan comprender plenamente y participar de manera significativa en los procedimientos que afectan profundamente sus vidas, especialmente les inmigrantes indígenas, quienes históricamente han enfrentado una profunda discriminación en el sistema judicial por hablar su lengua materna en lugar de inglés o español».
Les defensores de derechos presentarán comentarios públicos adicionales durante la reunión del Comité del Consejo Judicial el jueves 20 de agosto de 2026 a las 12:15 p. m. El público podrá participar en línea en: https://jcc.granicus.com/player/event/4990
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Contactos para medios de comunicación:
Mia Murrietta, directora de comunicaciones
California Rural Legal Assistance, Inc.
(559) 606-1924, mmurrietta@crla.org
Elana Eden, gerente de comunicaciones
Legal Aid Foundation of Los Angeles
323.801.7996, eeden@lafla.org
Información sobre California Rural Legal Assistance, Inc.
California Rural Legal Assistance, Inc. (CRLA, por sus siglas en inglés) es un bufete jurídico sin fines de lucro dedicado a combatir la pobreza que desmantela sistemas injustos mediante la abogacía comunitaria en las zonas históricamente rurales de California. Trabajamos con personas que no pueden costear la representación legal privada para que puedan hacer valer sus derechos civiles en materia de vivienda, empleo, salud y educación pública. A través de nuestros diecisiete (17) Centros de Justicia Rural, las comunidades pueden acceder a una amplia variedad de recursos jurídicos, entre ellos, los servicios jurídicos directos, las iniciativas de abogacía local para ampliar la equidad en las instituciones cívicas y los litigios especializados para impulsar los derechos civiles.
Información sobre Legal Aid Foundation of Los Ángeles
Legal Aid Foundation of Los Ángeles (LAFLA, por sus siglas en inglés) es un bufete jurídico sin fines de lucro que protege y promueve los derechos de las personas más desatendidas, creando condiciones más equitativas para que todes puedan acceder al sistema de justicia. Cada año, los servicios jurídicos gratuitos y de alta calidad de LAFLA benefician a más de 100,000 personas que viven en situación de pobreza en el área metropolitana de Los Ángeles. Nuestra combinación única de oficinas comunitarias, centros de autoayuda ubicados en los tribunales y clínicas jurídicas para casos de violencia doméstica sitúa a LAFLA en la primera línea dentro de las comunidades vulnerables y a la vanguardia del cambio.
Información sobre MICOP
Mixteco/Indígena Community Organizing Project (MICOP, por sus siglas en inglés) tiene como objetivo apoyar, organizar y empoderar a las comunidades inmigrantes indígenas de la costa central de California. Operamos más de veinte (20) programas en los condados de Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo, donde ofrecemos una amplia variedad de servicios sociales, programas de organización comunitaria, servicios de interpretación en lenguas indígenas (ILIS, por sus siglas en inglés) y Radio Indígena 94.1 FM. Para obtener más información, visite mixteco.org.